La Unión Europea está trabajando para impulsar la ‘Carbon Removal Certification Framework Regulation’, una hoja de ruta para estimular la adopción de la agricultura del carbono en suelos de todo el continente europeo. En este contexto, el proyecto CREDIBLE ha investigado, debatido y propuesto una serie recomendaciones y medidas que ayuden a desarrollar un mercado privado de créditos de carbono. El objetivo es compensar económicamente a los agricultores que se comprometan en esta línea de manejo.
Para hacerlo, desde que comenzó, en 2023, la iniciativa ha organizado tres congresos de gran alcance donde agricultores, actores políticos, empresas, y comunidad científica, entre otros perfiles, se han encontrado para compartir conocimiento, necesidades y debate. Tras las ediciones de Valencia (2024) y Dublín (2025), ha tenido lugar la última edición en Padua (2026), donde han participado más de 700 personas de perfiles muy diversos para afinar en los detalles necesarios para poner en marcha el este modelo, incluyendo los protocolos más adecuados para monitorizar y verificar el almacenamiento de carbono. Allí, representantes de la Comisión Europea han informado sobre la creación de un “Buyers’ club”, una cartera de potenciales compradores de los créditos que estimularía con su demanda el crecimiento de la oferta por parte de los agricultores.
Participantes en la sesión "Carbon Farming as en Public Good. Integrating Farmers, Consumers, and Policy", que lideró Pilar Andrés, investigadora del CREAF.
Uno de los aspectos más debatido por los agricultores regenerativos es el uso del incremento de los stocks de carbono total de carbono en el suelo como principal métrica, un enfoque que muchos de ellos consideran limitado. En esta línea, la investigadora del CREAF Pilar Andrés lideró la sesión “Carbon Farming as a Public Good. Integrating Farmers, Consumers, and Policy”, donde los participantes coincidían que el carbono por sí solo no logra reflejar el valor real de los sistemas agrícolas ni la diversidad de funciones que desempeñan en los territorios.
Centrar las políticas exclusivamente en los créditos de carbono puede desviar la atención de lo esencial, que es impulsar una transición efectiva hacia modelos de agricultura regenerativa más integrales, adaptados a cada contexto y capaces de generar beneficios ambientales, sociales y económicos de forma conjunta.
Pilar Andrés
En la sesión participaron figuras clave del ámbito regenerativo como Peter Fröhlich (AgriPurpose, en representación de la Asociación Europea de Agricultura Regenerativa), Alicia Torres (Juntos Farm), Orson Acosta (Azolla) y Katia Rivera (SoilCO2).
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Ampliar los indicadores más allá del carbono
Otro de los consensos más claros durante la sesión ha sido la necesidad de reconocer el trabajo y la aportación que hacen los agricultores a la sociedad. Es decir, no solo hay que fijarse en el potencial del suelo agrícola para almacenar carbono, sino también en los servicios esenciales que nos brinda la agricultura, como alimentos, biodiversidad, salud del suelo y del agua, así como identidad cultural y paisaje.
Para poner en valor todos estos beneficios, los participantes señalaron que se deberían incorporar indicadores múltiples -como biodiversidad, agua, calidad alimentaria o justicia social en el trato a los trabajadores y el respeto a la salud física y mental de los agricultores-, reducir los costes y la burocracia para las pequeñas explotaciones y desarrollar mecanismos de financiación y evaluación adaptados a las características de cada territorio. Asimismo, destacaron la importancia de implicar a los consumidores y al sistema educativo en esta transición.
“El futuro de la agricultura no puede depender únicamente de una única métrica, sino de una visión más amplia, regenerativa y localmente adaptada a cada territorio”, concluye Pilar Andrés.
El proyecto CREDIBLE lo financia el programa europeo Horizon 2020, en el marco de la Misión del Suelo de la Comisión Europea y lo coordina la empresa de I+D SAE Innova. También cuenta con una red de expertos y expertas de 21 entidades en 7 países europeos, entre ellas el CREAF.
