La investigadora propone dos hipótesis diferentes para cada suelo en relación con el efecto de la sequía. En el caso de suelos orgánicos como las turberas, que son ricos en materia orgánica y pobres en oxígeno, la bajada del nivel del agua durante la sequía favorece la entrada de oxígeno y activa a los microorganismos aeróbicos, acelerando la descomposición de la materia orgánica. Cuando vuelve a llover puede producirse una liberación repentina de carbono orgánico disuelto y nutrientes, a menudo asociados a metales pesados que pasan al agua y son transportados.
En los suelos minerales, sin embargo, la sequía reduce la actividad microbiana y provoca una disminución de la conectividad entre el suelo y el agua, lo que afecta a los flujos de nutrientes. La lluvia, en este caso, reactivaría la actividad de aquellos microorganismos que transforman la materia orgánica en formas inorgánicas como el amonio y los nitratos, que también son transportados río abajo.
Pero los efectos de la contaminación no se limitan al agua. La sequía también altera el equilibrio de los gases de efecto invernadero y contribuye al calentamiento global. En las turberas, la bajada de los niveles de agua favorece el aumento de la respiración de los microorganismos que utilizan oxígeno, lo que conduce a un aumento del CO₂ atmosférico.
En los suelos minerales, por el contrario, el efecto más notable se produce tras las lluvias, «cuando la hidratación del suelo reactiva microorganismos que estaban inactivos y provoca un pulso repentino de emisiones de CO₂, conocido como efecto Birch», señala Marañón.
En definitiva, la sequía es un fenómeno global muy complejo y difícil de resolver. Saber qué tipo de suelo es más vulnerable a la sequía, en términos de pérdida de carbono o de emisiones contaminantes, es clave para poder anticipar sus efectos y mejorar la adaptabilidad de los ecosistemas de alta montaña frente al cambio climático.
El proyecto se inició en 2025 y termina en 2029. Participa el CREAF, responsable del estudio de los suelos de alta montaña, en conjunto con otras instituciones y universidades europeas. El proyecto está liderado por Sara Marañón desde el CREAF y Luis Gómez del IDAEA y está financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y los fondos FEDER de la U.E.