[Información redactada a partir del informe sobre COP30 elaborado por Alicia Pérez-Porro y Anna de las Heras Carles, del área de Interacción Política y Relaciones Institucionales del CREAF]
La adaptación a los impactos del clima ha sido una de las áreas de negociación con mayor seguimiento en la COP30 celebrada en Belém (Brasil), en un contexto mundial marcado por la intensificación del calentamiento y las dificultades para transformar los planes en acciones concretas. La conferencia ha representado un punto de inflexión en la agenda internacional en lo que respecta a cómo nos adaptamos a los cambios del clima, especialmente en los países y territorios más vulnerables, y ha coincidido con los 10 años del Acuerdo de París.
Uno de los principales resultados de la cumbre ha sido adoptar los llamados 59 Indicadores de Adaptación de Belém, de carácter voluntario, que constituyen el primer punto de referencia compartido para realizar el seguimiento del progreso hacia el Objetivo Global de Adaptación (GGA). El documento incluye métricas organizadas en 7 áreas temáticas —el agua, la alimentación, la agricultura, la salud, los ecosistemas, las infraestructuras y los medios de subsistencia— y en las diferentes fases del ciclo de adaptación, desde la evaluación de riesgos hasta su seguimiento. La decisión reconoce explícitamente que la adaptación tiene carácter nacional, subnacional y local, lo que refuerza la oportunidad de estos indicadores para los gobiernos regionales y locales.
A pesar de su valor político, varios países y observadores han advertido que algunos parámetros requieren definiciones más precisas y metodologías más claras para poder ser aplicados de manera efectiva. Por ello, las partes han acordado seguir ajustando el marco en el contexto de la visión Belém-Addis, con una revisión prevista antes del próximo balance global. La utilidad práctica de los indicadores dependerá, en gran medida, de la disponibilidad de datos climáticos y de vulnerabilidad, así como de la capacidad institucional para integrarlos en los procesos de planificación y seguimiento.
Los resultados de la COP30 tienen implicaciones directas para los gobiernos sub-nacionales y para regiones altamente vulnerables como la Mediterránea, por la escasez de agua, los episodios de calor extremo, los incendios forestales y la degradación de los ecosistemas.
Alicia Pérez-Porro
Los resultados de la COP30 tienen implicaciones directas para los gobiernos subnacionales y para regiones altamente vulnerables como el Mediterráneo, donde los riesgos asociados a la escasez de agua, los episodios de calor extremo, los incendios forestales y la degradación de los ecosistemas son intensos y evidentes. Los nuevos indicadores de adaptación y las orientaciones de los NAP ofrecen contextos útiles para planificar y hacer el seguimiento de la adaptación a escala territorial. Sin embargo, su impacto real dependerá de una mejor coordinación multinivel, de un acceso reforzado a datos climáticos fiables y de un mayor y más previsible apoyo financiero que permita traducir los avances políticos en acciones concretas sobre el terreno.
Planes Nacionales de Adaptación, el gran aliado
En la cumbre mundial también se han aprobado orientaciones actualizadas sobre los Planes Nacionales de Adaptación, que reafirman principios clave como la planificación basada en la ciencia y en los ecosistemas, los enfoques participativos y con perspectiva de género, así como la integración del conocimiento indígena y local. Al mismo tiempo, la decisión reconoce barreras recurrentes para poner en marcha las acciones planificadas, como la financiación insuficiente e imprevisible, las lagunas en la información climática y las limitaciones para evaluar riesgos a medio y largo plazo. Algunos observadores independientes han puesto sobre la mesa aspectos a mejorar, como los crecientes riesgos de mala adaptación y la aparición de límites estrictos a la adaptación en algunas regiones especialmente vulnerables.
En paralelo a los resultados técnicos, la presidencia de la COP de Belém ha impulsado el Paquete Mutirão, una declaración política de alto nivel destinada a acelerar la acción climática en todos los sectores y niveles de governanza, concebida como una señal para reforzar la implementación de la acción climática y fomentar la cooperación internacional. En lo que respecta a la adaptación, esta iniciativa ha contribuido a mantener el tema en el centro del debate político y ha alentado el objetivo de triplicar como mínimo la financiación de la adaptación para 2035, aunque sin establecer compromisos operativos ni vías claras de implementación. También se ha anunciado el Acelerador de Implementación Global, orientado a facilitar el intercambio de conocimiento y el apoyo para poner en marcha las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y los Planes Nacionales de Adaptación.
La financiación de la adaptación sigue siendo uno de los puntos más críticos de la conferencia. El Fondo de Adaptación ha recibido 127,9 millones de dólares en promesas de contribuciones, una cifra muy inferior a su objetivo anual, mientras siguen pendientes aspectos de gobernanza que afectan a la previsibilidad y al acceso directo a los recursos. A una escala más amplia, la hoja de ruta de Bakú (COP29) a Belém (COP30) ha establecido el proceso hacia el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre financiamiento climático (NCQG), que deberá adoptarse en la COP31 (prevista en Turquía en 2026), en un contexto de incertidumbre sobre su ambición final.
